El 23 de enero de 2009, se expide el Acuerdo por el que se da a conocer la declaración de la Coordinación General de Protección Civil, en ese momento, como instancia de Seguridad Nacional
Esta determinación fue adoptada en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, lo cual incluye integrar a la Red Nacional de Información prevista en la Ley de Seguridad Nacional, sus bases de datos y sistemas de información.
Debido a lo anterior, la hoy Coordinación Nacional de Protección Civil, en el ámbito de sus atribuciones, desde el 24 de enero de 2009, debe, entre otras atribuciones:
- Colaborar en la determinación y ejecución de las políticas nacionales, acciones y programas operativos de seguridad para la atención de emergencias en materia de Seguridad Nacional, como lo es un desastre;
- Coadyuvar en la formulación del Programa para la Seguridad Nacional y la definición de la Agenda Nacional de Riesgos;
- Apoyar con información y, cuando así se le requiera, participar en la ejecución de acciones y medidas de prevención, disuasión y, en su caso, de contención de amenazas concretas a la Seguridad Nacional que acuerde el Consejo de Seguridad Nacional, o bien, aquellas que determine el Presidente de la República;
- Establecer la infraestructura y mecanismos que se requieran para que la transmisión y flujo de información salvaguarde las condiciones de reserva y confidencialidad que demandan los temas de Seguridad Nacional;
- Desarrollar, juntamente con las instancias de Seguridad Nacional, programas de capacitación y protocolos para la adecuada atención y manejo de emergencias y desastres que pudieran representar una amenaza o un riesgo a la Seguridad Nacional, y las demás que se definan en el seno del Consejo de Seguridad Nacional.
La Coordinación Nacional de Protección Civil tiene la responsabilidad de articular el SINAPROC, para contribuir al mantenimiento de la Seguridad Nacional, pero no de manera reactiva ante el impacto de un fenómeno perturbador, sino, precisamente, actuando de manera preventiva, de manera que se realicen todas aquellas acciones para gestionar el riesgo encaminadas a la previsión, prevención, preparación y mitigación, mediante la propia articulación de todos los mecanismos necesarios para ello, puesto que hoy en día, funciona mejor cuando ocurre la crisis que cuando se trata de evitarla. En términos formales, el sistema está bien diseñado, porque considera los tres niveles de gobierno y reconoce que los desastres no son eventos aislados, sino fenómenos que pueden comprometer la estabilidad del país. Sin embargo, en la práctica, su impacto real en la seguridad del Estado sigue estando más ligado a la reacción que a la anticipación.
Si se analiza desde la perspectiva social, existe una especie de “confianza condicionada”, es decir, la población suele reconocer la capacidad de respuesta cuando hay huracanes, sismos o inundaciones, especialmente por la intervención visible del Estado; pero la población también percibe que muchas tragedias pudieron haberse reducido si hubiera existido una mejor prevención. O sea, el ciudadano confía en que el gobierno llega cuando el problema ya explotó, pero no necesariamente en que lo evita o previene.
Esto es, sin duda, de carácter relevante para la Seguridad Nacional porque, en un sentido amplio, un país no sólo debe responder bien a las crisis, sino reducir su vulnerabilidad, en cualquier sentido.
Ahí es donde el SINAPROC aún tiene un área crítica de oportunidad: fortalecer la cultura de prevención, mejorar la coordinación a nivel municipal y estatal (que es donde realmente se materializan los riesgos) y dejar de depender de acciones reactivas, puesto que, mientras la percepción social siga asociándolo más con la respuesta a emergencias y desastres que con las acciones prevención, su legitimidad seguirá siendo parcial y su contribución, incompleta.
La dependencia acostumbrada de las Fuerzas Armadas para la atención de desastres debe ser analizada para evitar la distracción de recursos materiales y financieros, así como de capital humano, de programas prioritarios para atender emergencias. Articulando adecuadamente los componentes del Sistema, incluyendo los diversos sectores de la sociedad civil, es posible reducir la hoy necesaria dependencia del instituto armado de la nación y, por supuesto, evitar el elevado costo del impacto de un desastre, si esos esfuerzos son enfocados en la prevención, en Sistemas de Alertamiento Temprano, en fortalecimiento de estructuras y obras que vayan acordes al entorno, y un muy largo etcétera.
No se considera viable ni conveniente desplazar a las Fuerzas Armadas de la atención a desastres, pero tampoco que se normalice que deban ser el eje permanente de la respuesta. Su eficacia está comprobada y sería poco realista ignorarla: tienen capacidad de despliegue inmediato, organización y recursos que ninguna otra institución civil posee actualmente en México, pero que, si se pone atención a la organización adecuada del sistema, podría ser más fácil, económico e, inclusive, capitalizable políticamente.
El problema no es la participación del instituto armado, sino la dependencia estructural que se ha generado hacia ellas. Cuando un sistema necesita constantemente de la intervención militar para funcionar adecuadamente, en realidad está evidenciando debilidad en sus instituciones civiles. Desde la lógica de Seguridad Nacional, esta circunstancia puede convertirse en un riesgo a largo plazo, porque limita el desarrollo de capacidades propias del Estado en el ámbito civil o de la administración pública.
Además, las otras instancias del Consejo de Seguridad Nacional, deben tomar a la Coordinación Nacional de Protección Civil más en serio, incorporar a la Agenda Nacional de Riesgos los riesgos asociados a esta materia para gestionar y dar prioridad a acciones de previsión, preparación, prevención y mitigación, tomando en consideración la temporalidad, la disposición de Sistemas de Alertamiento Temprano, incluso la formación, capacitación y adiestramiento de comunidades y sociedad en general.
Por ello, es muy importante fortalecer las instituciones de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, de manera que puedan liderar la gestión del riesgo, y que las Fuerzas Armadas actúen únicamente como respaldo estratégico en escenarios de gran magnitud, como lo estipulan las Directrices de Oslo.
Un sistema sólido de protección civil debe ser capaz de funcionar por sí mismo, enfocado principalmente a gestionar el riesgo para su reducción, con carácter esencialmente preventivo, y así se obtiene de manera directa su contribución a la Seguridad Nacional.
Dr. César Orlando Flores Sánchez.
